La Cámara Paraguaya de Supermercadistas (CAPASU), junto con empresas, gremios y cámaras proveedoras de bienes y servicios, manifestó su preocupación por la forma en que la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (SEDECO) viene aplicando sanciones y procedimientos administrativos.

En un comunicado dirigido al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, el sector privado solicitó conformar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para establecer un canal de diálogo y cooperación. El objetivo: revisar el marco normativo vigente y garantizar reglas claras, previsibles y aplicadas bajo el principio de legalidad.

Los gremios afirman que, si bien reconocen el rol de SEDECO en la protección al consumidor, se han registrado casos con multas desproporcionadas, normas de “cuestionada validez constitucional” y disposiciones reglamentarias ambiguas que permiten interpretaciones discrecionales.

También critican la exposición pública de sanciones en redes sociales oficiales, acompañadas de valoraciones que —según el sector— afectan gravemente la reputación de las empresas. Especial preocupación genera el “ranking” de empresas sancionadas, que omitiría considerar el contexto, medidas correctivas y estándares de cumplimiento.

La nota advierte que estas prácticas podrían desalentar la inversión, aumentar la litigiosidad y generar un clima de inseguridad jurídica. Además, cuestiona la implementación de guías regulatorias ambiguas, como la Guía de Buenas Prácticas en Gestiones de Cobranza.